Al hilo de la puesta en marcha en Úbeda de un aula de integración, para alumnos con problemas de absentismo escolar, he vuelto a recordar el abandono que nuestra sociedad ha hecho de la cultura del esfuerzo, sustituyéndola por la picaresca de intentar vivir del cuento, lo mejor posible y sin dar un palo al agua, aunque sea a base de subsidios y de ayudas. Esa “cultura del conformismo y la vagancia” va calando en nuestra sociedad y en nuestros alumnos, muchas veces transmitida por los propios padres. Hace un par se semanas un diario malagueño colocaba en su portada un preocupante titular que decía: “la violencia contra los docentes se ceba con profesoras jóvenes de Secundaria”. Lo curioso de este tema es que no solamente los alumnos ejercen la violencia contra los docentes, sino también sus padres, que siempre son un ejemplo para los hijos. Lejos de disminuir, la conflictividad en las aulas se está convirtiendo en crónica y muchos docentes, yo los he visto, acuden cada mañana a su trabajo angustiados “como si fuesen al campo de batalla”. Un estudio, realizado por sindicatos tan dispares ideológicamente como son ANPE y CC OO, afirma que “cuando los profesores empiezan a sufrir esta situación entran en una dinámica en la que sólo intentan pasar el día desapercibidos, para evitar más problemas”. Los datos del estudio dejaron al descubierto que existen constantes faltas de respeto en el aula, que hay problemas para dar clase, que proliferan los acosos, las amenazas, los insultos e incluso las agresiones físicas. Ahora que acabamos de conmemorar el Día Contra la Violencia de Género, me preocupa especialmente que tras todos esos comportamientos se esconda, además, un grave problema de sexismo porque el 68% de los usuarios del teléfono del Defensor del Profesor son mujeres, que llaman angustiadas ante la ineficacia de una Consejería de Educación que sólo entiende de palabras grandilocuentes y de propaganda ineficaz, pero que no adopta ninguna medida que sirva para salvaguardar aunque sólo sea la integridad física de profesores y profesoras. Todas las cifras del estudio demuestran un aumento de las agresiones por parte de los padres y, si los padres no tienen respeto por el trabajo de un docente, sus hijos van a aprender lo mismo.
Ante la ineficacia de los políticos sólo queda el confiar en la Justicia, cuyas últimas sentencias por la vía penal, han puesto a los agresores en su sitio. Aún así muchos pensamos que las medidas disuasorias deberían, también, tipificarse en una ley. Alguna Comunidad Autónoma ya la ha aprobado. La nuestra no.
Es triste que, en lugar de hablar de los instrumentos que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza, los docentes tratemos de cubrir nuestras espaldas de las agresiones de algunos padres y de algunos alumnos.
Termina el informe de los sindicatos recomendando que los futuros profesores “adquieran, en las facultades, herramientas para enfrentarse a estas situaciones y para gestionar el aula”. Me ha quedado la duda de si con eso de “herramientas” se hacía referencia a alguna clase de defensa personal.
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